Marx Arriaga y el conflicto en la SEP: cuando un cargo público se asume como propiedad personal

Ciudad de México.— La salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no solo abrió un nuevo capítulo en la disputa por los Libros de Texto Gratuitos, sino que exhibió un comportamiento que ha sido ampliamente cuestionado por su falta de institucionalidad y resistencia a acatar decisiones administrativas.

Tras ser notificado de su separación del cargo, Arriaga optó por permanecer atrincherado en su oficina durante varios días, negándose a entregar el espacio bajo el argumento de no haber recibido —según su versión— un documento legal “adecuado”. Esta acción, inédita para un funcionario de su nivel, generó tensiones internas y obligó a la SEP a intervenir para restablecer el funcionamiento normal de la dependencia.

Un servidor público que se niega a dejar el cargo

Más allá del debate técnico sobre los contenidos educativos, el episodio ha puesto sobre la mesa un tema de fondo: el límite entre la convicción personal y la responsabilidad institucional. Diversas voces dentro y fuera del sector educativo han señalado que ningún servidor público puede colocarse por encima de las reglas administrativas, independientemente de su trayectoria o cercanía con proyectos políticos previos.

Desde el gobierno federal se ha reiterado que la decisión respondió a desacuerdos operativos y de enfoque, particularmente por la negativa de Arriaga a permitir ajustes en los materiales educativos, incluyendo actualizaciones que incorporaran una visión más amplia y plural de la historia nacional.

La idea de “autoría” sobre los libros

Uno de los puntos más criticados del actuar de Arriaga ha sido su insistencia en tratar los Libros de Texto Gratuitos como si fueran un proyecto personal. Desde Palacio Nacional se subrayó que los libros pertenecen al Estado mexicano y a la sociedad, no a un funcionario en lo individual, y que deben estar sujetos a revisión, corrección y mejora permanente.

Esta postura oficial contrastó con el discurso del exfuncionario, quien defendió su permanencia como si se tratara de un derecho adquirido, lo que para analistas políticos refleja una confusión entre militancia ideológica y función pública.

Oferta de alternativas y negativa constante

De acuerdo con autoridades educativas, a Arriaga se le ofrecieron alternativas para continuar colaborando dentro del gobierno federal, incluyendo otros cargos, las cuales fueron rechazadas. Esta negativa reforzó la percepción de que el conflicto no era laboral, sino político y personal, centrado en la pérdida de control sobre un área estratégica.

Mientras tanto, la SEP confirmó que se revisarán los procedimientos utilizados durante el desalojo del exfuncionario, aunque dejó claro que ningún servidor público puede condicionar la operación de una institución por desacuerdos personales.

Un precedente incómodo para la administración pública

El caso de Marx Arriaga deja un mensaje inquietante: cuando un funcionario se niega a reconocer el carácter temporal de su encargo, se erosiona la confianza en las instituciones. Su salida, lejos de ser discreta, terminó convertida en un episodio que debilita el discurso de orden, legalidad y respeto a las jerarquías administrativas que el propio gobierno dice defender.

La SEP ya nombró a una nueva titular en el área de Materiales Educativos, en un intento por cerrar el capítulo y avanzar en la revisión de los libros; sin embargo, el episodio quedará como un recordatorio de que la función pública no es un espacio de resistencia personal, sino de servicio y rendición de cuentas.