Cadereyta de Montes: la alcaldesa Astrid Ortega obligada a demostrar su título profesional
La polémica que envuelve a Astrid Ortega Vázquez, presidenta municipal de Cadereyta de Montes, dejó de ser un pleito entre partidos y regidores. Lo que hoy está en juego es mucho más grave: la credibilidad del poder ejecutivo municipal.
Una jueza le exige cuentas claras
La jueza séptimo de distrito en materia de amparo en Querétaro ordenó a la alcaldesa presentar pruebas de su título profesional o reconocer públicamente que no cuenta con él. De no cumplir, enfrenta una multa superior a los 26 mil pesos.
El mandato judicial responde a una denuncia ciudadana que evidenció una contradicción: mientras en la Plataforma Nacional de Transparencia aparece con “licenciatura inconclusa”, en el portal oficial del municipio se presenta con “licenciatura terminada”.
No es política, es confianza
El problema no es si la presidenta municipal tiene o no estudios universitarios. El verdadero engaño está en haber utilizado información contradictoria para legitimar su cargo y presentarse ante la ciudadanía con un perfil académico que no puede demostrar.
Esto no es un pleito de cabildo ni un ataque partidista: es una afrenta directa a la confianza de los ciudadanos que votaron por ella. El poder ejecutivo local, desde el primer día, tiene la obligación de la transparencia absoluta.
Un daño a la institución
Cuando la cabeza del municipio incurre en contradicciones sobre su formación académica, el daño va más allá de lo personal. Se trata de la imagen institucional: ¿cómo confiar en decisiones de gobierno, en contrataciones, licitaciones y políticas públicas, si la misma alcaldesa oculta o inventa credenciales?
En Contacto Noticias lo dice sin rodeos
Astrid Ortega puede culpar a opositores, a regidores o a los medios, pero el hecho es que la justicia la obligó a dar la cara porque mintió en su declaración pública.
Un poder ejecutivo que engaña en lo básico —su propia preparación—, no puede pretender que la ciudadanía confíe en lo más complejo: la gobernanza.
La exigencia es simple y legítima: pruebas o renuncia. Porque la transparencia no se negocia, y la credibilidad no se improvisa.
