El Senado de la República fue escenario de lo que muchos llamaron “un espectáculo de cantina con curules de por medio”. Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, se enfrascaron en un pleito que no se quedó en palabras: hubo empujones, gritos y hasta un trabajador del recinto terminó en el suelo.
Pero lo que pudo quedar como un episodio vergonzoso más, ahora se convirtió en un asunto legal.
Noroña contraataca
Gerardo Fernández Noroña anunció que ya prepara denuncias penales contra Alito Moreno y otros legisladores priistas. Entre los delitos que les quiere imputar están: lesiones, amenazas de muerte y daños a propiedad ajena.
El señalamiento no solo es contra Alito; en la lista también aparecen Rubén Moreira, Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y Erubiel Alonso. Es decir, el pleito se extendió de lo personal a lo partidista.
Fiscalía con servicio VIP
Lo que más indignó fue que el Ministerio Público se presentó en el Senado para tomar la denuncia de Noroña, en lugar de que él acudiera como cualquier ciudadano a la Fiscalía.
El gesto desató una ola de críticas en redes:
“Justicia a domicilio para los políticos, mientras a nosotros nos dejan esperando horas en una ventanilla”, se leía en comentarios.
Activistas calificaron el hecho como un trato preferencial indignante, que desnuda una vez más la distancia entre la justicia para la élite y la justicia para el ciudadano común.
¿Y Alito?
Hasta el momento, ni Alito ni el PRI han presentado denuncias formales contra Noroña. Guardan silencio estratégico, aunque en los pasillos del Senado se habla de que podrían responder con contrademandas.
El trasfondo real
Lo que vimos en el Senado no es solo una riña entre dos políticos de carácter explosivo: es el reflejo de un sistema que permite que la política se convierta en circo y la justicia en privilegio.
Mientras millones de mexicanos batallan para que sus denuncias sean escuchadas en un Ministerio Público saturado, a los legisladores se les sirve en bandeja el proceso judicial hasta la puerta de su curul.
El pleito Noroña–Alito ya no es un chisme político, es un símbolo del hartazgo ciudadano: peleas de poder con recursos públicos, instituciones que se doblan ante los influyentes y un Senado convertido en ring de box, mientras los verdaderos problemas del país siguen esperando.
