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Reclamos por recolección

La descarga de basura junto a la Presidencia expuso reclamos por combustible y contrato; el municipio rechazó adeudos y habló de ataque político.

La descarga de bolsas de basura a unos metros de la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes, el 29 de septiembre, colocó bajo escrutinio la operación de la recolección en la delegación de Boyé. La escena fue difundida en un video compartido por la regidora Juana García Martínez y retomado por medios locales; en las imágenes se observa a una unidad descargar residuos en la calle Miguel Hidalgo, junto al jardín principal.

El hecho ocurrió pocos días después de que la administración de Astrid Alejandra Ortega Vázquez presentara su Segundo Informe de Gobierno. En ese informe, el Ayuntamiento reportó la recolección de 7 mil 465 toneladas de residuos, además de labores de limpieza y sondeo de drenaje. La confrontación pública abrió preguntas sobre la continuidad de rutas, la relación con proveedores y las condiciones del servicio.

Una protesta documentada junto al Centro

Libertad de Palabra informó que la unidad era utilizada para la recolección de residuos en Boyé y publicó la versión de un hombre que se identificó como padre del titular del contrato. Según su declaración, el camión se había quedado sin diésel en repetidas ocasiones y, al acudir a una reunión con Servicios Municipales, su hijo fue notificado de que el contrato estaba rescindido. Esa versión es un señalamiento atribuido al entrevistado, no una determinación oficial sobre la existencia de adeudos o las causas de una eventual terminación contractual.

La regidora Juana García Martínez compartió el material y escribió que la basura en el centro era una señal de alarma para el gobierno municipal; además, pidió una respuesta pública. El video y la publicación documentan que existió la protesta y que una integrante del Ayuntamiento exigió explicaciones. No permiten, por sí solos, establecer quién ordenó la descarga ni confirmar las imputaciones sobre combustible, pagos o trato a trabajadores.

La respuesta de la alcaldesa y los puntos en disputa

Astrid Ortega declaró, de acuerdo con publicaciones que retomaron su postura, que la descarga fue un ataque político. Sostuvo que no existían adeudos de combustible ni de arrendamiento con el proveedor y planteó que la decisión pudo relacionarse con la posibilidad de no renovar el contrato. También anunció que el municipio buscaría proceder legalmente por el depósito de residuos en la vía pública y afirmó que las rutas se regularizarían.

Las dos versiones chocan en aspectos centrales: el prestador atribuyó la protesta a fallas de suministro y a una rescisión comunicada verbalmente; la presidenta municipal negó la deuda y atribuyó el incidente a una represalia y a intereses políticos. Al corte del 16 de octubre no se localizó, en las fuentes consultadas, un documento público de rescisión, contrato, estado de cuenta o resolución administrativa que permita corroborar de manera independiente cualquiera de esas explicaciones.

Resultados reportados y reclamos por participación

El informe municipal difundido el 25 de septiembre reportó 7 mil 465 toneladas de residuos recolectados, 1 mil 326 luminarias instaladas y trabajos de limpieza y sondeo en 6 mil 700 metros de red de drenaje. Son cifras atribuidas al Ayuntamiento, difundidas como parte de su balance 2025-2026; muestran las acciones que la administración afirma haber realizado, pero no sustituyen una evaluación externa sobre la regularidad cotidiana del servicio en todas las comunidades.

La inconformidad ciudadana también se había expresado en otro frente: representantes de Cívica y del movimiento Salvemos al Cerro Grande cuestionaron en julio el manejo municipal de una solicitud de Diálogo Ciudadano para proteger esa zona. En septiembre, Ortega respondió que el municipio ya había ajustado su reglamento para dar acceso directo a los mecanismos de participación y acusó a Cívica de difundir información errónea. Ambos episodios muestran reclamos y respuestas públicas sobre resultados y canales de atención; sus acusaciones siguen siendo posturas de las partes mientras no exista una resolución competente.

Datos documentados

El 29 de septiembre de 2026, un camión descargó bolsas de basura cerca de la Presidencia Municipal de Cadereyta de Montes; medios publicaron imágenes y video del hecho. La regidora Juana García Martínez difundió el material y pidió una respuesta pública. El Ayuntamiento publicó el 25 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno, en el que reportó 7,465 toneladas de residuos recolectados. La alcaldesa Astrid Ortega fue citada posteriormente al rechazar adeudos y calificar el incidente como un ataque político.

Testimonios y señalamientos

Un hombre identificado por Libertad de Palabra como padre del titular del contrato de recolección afirmó que la unidad se quedó sin diésel en repetidas ocasiones y que el contrato fue rescindido al acudir a una reunión. Astrid Ortega sostuvo que no había adeudos de combustible ni arrendamiento y que el episodio fue un ataque político. Juana García Martínez pidió una explicación pública tras difundir el video. César Zafra, de Cívica, cuestionó en julio el tratamiento municipal de una solicitud de Diálogo Ciudadano sobre Cerro Grande.

Opinión del público

Juana García Martínez, regidora del Ayuntamiento, escribió al compartir el video que la basura en el centro de Cadereyta era una “señal de alarma para el gobierno municipal” y pidió atención a la protesta. No se identificaron mediciones públicas confiables que permitan generalizar esta postura como sentir mayoritario de la población.

Lo que falta confirmar

No se localizó un contrato, aviso formal de rescisión, comprobantes de pago, bitácoras de combustible ni resolución del Juzgado Cívico que permitan confirmar las versiones sobre adeudos, falta de diésel, rescisión o responsabilidades. Se intentó abrir la publicación original en X referida por una nota, pero el acceso fue restringido; por ello no se usó para validar el contenido completo ni métricas de alcance. Se localizaron referencias a publicaciones de Facebook incrustadas en una nota, pero no fue posible establecer desde el acceso disponible la fecha original, autenticidad o contexto íntegro de esos materiales. La fecha original de esta publicación no se pudo confirmar; su pertenencia al periodo elegido está pendiente.

Nota editorial

El episodio puso en primer plano un servicio público esencial y versiones contrapuestas sobre su operación. El contraste entre las quejas difundidas, la respuesta de la alcaldesa y las cifras del informe municipal permite ubicar qué está documentado y qué aún requiere aclaración pública.

Fuentes

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