Agricultores expresan fuerte descontento por reforma al agua y temen control total del recurso por parte del Gobierno Federal
Querétaro, Qro.— Productores agrícolas de distintos estados del país manifestaron su inconformidad ante el avance de la nueva Ley General de Aguas, la cual —según advierten— podría entregar al Gobierno Federal el control absoluto sobre la asignación, renovación y retiro de concesiones de agua. La información fue difundida por MVS Noticias y otros medios nacionales, donde se detalla la preocupación creciente en el sector rural.
De acuerdo con agricultores consultados, el problema no se limita únicamente a la reducción de recursos hídricos asignados a zonas productivas, sino a la modificación del sistema de concesiones. Con la nueva legislación, ya no habría certeza de renovación automática ni transparencia suficiente sobre los criterios para otorgar o retirar derechos de uso, un cambio que muchos consideran un riesgo directo para la seguridad alimentaria y la inversión en el campo.
Especialistas en gestión del agua explicaron que el nuevo modelo plantea que la autoridad federal pueda reasignar volúmenes de agua sin garantizar continuidad a quienes actualmente dependen de ella para sembrar. Productores de maíz, hortalizas y forrajes afirman que esto podría dejar sin sustento a miles de familias y generar pérdidas económicas irreversibles en regiones agrícolas del Bajío, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y parte del sur del país.
Además, representantes de organizaciones campesinas insisten en que la reforma centraliza excesivamente el recurso, dejando en manos del gobierno decisiones que antes se tomaban con participación directa de usuarios, módulos de riego y asociaciones locales. Señalan que la ley, tal como está planteada, privilegia el carácter administrativo sobre el productivo y no ofrece garantías de protección para quienes han trabajado la tierra durante generaciones.
A nivel estatal, productores queretanos han comenzado a organizar reuniones informativas para evaluar posibles afectaciones y solicitar transparencia sobre cómo se distribuirá el agua bajo el nuevo esquema. Temen que la falta de reglas claras termine frenando la producción agrícola y elevando los costos de operación para pequeñas y medianas unidades de cultivo.
Mientras el Senado analiza los alcances finales de la reforma, organizaciones rurales ya anticipan que impulsarán recursos legales y acciones de presión social para evitar que el Estado concentre el poder total sobre un recurso indispensable para su actividad.
Fuente: MVS Noticias
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